Con "perplejidad". Los vecinos del barrio de Area Alta, en la parroquia nigranense de Panxón, reaccionan así ante la intención del actual equipo de gobierno de someter a su aprobación definitiva una modificación puntual de las normas subsidiarias que permitiría, a juicio de los residentes, "legalizar las barbaridades cometidas en la urbanización del SAU-3".
Para evitarlo han presentado en el concello un escrito de alegaciones con el que pretenden impedir que se adopte una decisión "a la medida de los infractores" en torno a una urbanización a la que achacan "las mayores ilegalidades del Val Miñor".
La razón de su estupor, explican, es el "sorprendente" cambio de actitud de los grupos que hoy forman gobierno, que "intentan sacar adelante" una propuesta de modificación elaborada por el anterior gobierno municipal (PP-PINN) que entonces calificaron de "chanchullo".
La propuesta de cambio de las normas subsidiarias, que se debatirá en el próximo pleno, contempla dos de los cuatro aspectos que pretendía subsanar el equipo de gobierno encabezado por el ex alcalde Alfredo Rodríguez en la legislatura pasada. Así, se busca regularizar el aprovechamiento bajo cubierta de las edificaciones y también ordenar las rasantes.
Cuestionan el "interés social" con el que el equipo de gobierno pretende revestir en este caso su intento de "legalizar las anomalías de infractores poderosos" y critican que en cambio "no recaude un céntimo en aplicación de la disciplina urbanística y la legislación vigente". Por contra, aseguran que "al ciudadano normal se le aplican multas coercitivas y se le amordaza con órdenes de derribo", indican.
El SAU-3 está integrado por un total de 122 viviendas que carecen de licencia de primera ocupación, por lo que no están dadas de alta en servicios como el abastecimiento de agua o de corriente eléctrica de los que, según el resto de vecinos, sí disfrutan. Tampoco "existen" oficialmente para el concello, que no puede cobrarles ningún tipo de impuesto o tasa.
Los residentes de los alrededores exigen que se les explique "por qué el concello no ha abierto ningún expediente sancionador" ante las numerosas irregularidades que presenta la urbanización y también reclaman la intervención de la Consellería de Política Territorial para que obligue a que se cumpla la legalidad.
"¿Como van los expedientes abiertos por las denuncias de `inacción municipal´ que presentamos?", plantean los vecinos al departamento que dirige María José Caride, a la que piden una mayor implicación en este caso.
Los vecinos amenazan con un recurso contencioso-administrativo para reclamar la nulidad del posible acuerdo de aprobación del cambio de normas que adopte el pleno.
Fuente: Faro de Vigo (26/01/2008)
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